La preocupación
sigue siendo el aumento de la población mayor de 60 años y el posible incremento
en la edad de jubilación en varios países
Por: luis
eduardo forero medina |
En Latinoamérica y el Caribe hay una
población total de 645.593 000 de habitantes, de la cual el 12 % corresponde a
adultos mayores de 60 años. Esto es unas 77 millones de personas de la tercera
edad. Además, según el BID, en esta región hay 130 millones de personas que no
ahorran para su pensión.
Lo anterior, sin contar con que para el
2030 unos ocho millones de latinoamericanos padecerán demencia y que la mayoría
de las veces los ancianos están excluidos de una vejez digna, tanto la
población adulta urbana como campesinos e indígenas. De hecho, el común
denominador de la situación que viven las personas clasificadas como de la
tercera edad en los bloques económicos del Mercosur, Alba y Alianza para el
Pacífico es de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad.
Por ejemplo, en celebraciones religiosas
los adultos mayores son los mayores asistentes; sin embargo no encuentran
espacios preferentes para ellos en los templos. La persona es vieja si a los 40
años solicita empleo y es muy joven a los 60 o 62 años para jubilarse.
Igualmente, cuando los Estados implementan programas sociales en su favor,
verbi gracia el aumento de geriatras, sus beneficiarios quedan esperando a
veces mucho tiempo para beneficiarse. Maltrato muchas veces patrocinado desde
el propio Estado, se presenta en la mayoría de países.
En Argentina la población adulta más
vulnerable en Buenos Aires y en las provincias no disfruta de una jubilación o
auxilio estatal; tampoco tienen cobertura previsional ni vivienda propia. De
acuerdo a la ONG La Alameda, en Buenos Aires funcionan los llamados
"talleres del sudor" que ocupan unos 30.000 obreros costureros; el
98% son personas mayores de edad que trabajan como esclavos.
Por su parte, en Uruguay les hacen
hipotecar las viviendas a los ancianos que
albergan en instituciones, para
posteriormente cobrar a sus familiares su sostenimiento de o ejecutarlos
judicialmente. En este país hace cuatro años se concedía una consulta médica
anual gratuita a los mayores de 65 años de edad en extrema pobreza; sin embargo
se suspendió para destinar esa partida “a cargos de alta dedicación,” por orden
del Ministerio de Salud Pública de Uruguay.
En Paraguay en 2009 el Congreso Nacional
aprobó la Ley “que establece el derecho a una pensión alimentaria para las
personas adultas mayores en situación de pobreza”. Aunque el presidente
Fernando Lugo no aprobó dicha ley, las Cámaras del Congreso la promulgaron.
Posteriormente Lugo la torpedeó suspendiendo el censo de adultos mayores que se
adelantaba en los 186 distritos.
En Brasil el Congreso Nacional y el
gobierno federal debatieron durante siete años el Estatuto del Adulto Mayor y
en Venezuela del bloque del ALBA, los últimos gobiernos se han abstenido de
darle curso a la Ley de Bono de Salud y Alimentación aprobada por la Asamblea
Nacional. Tampoco Maduro cumple con la promesa lanzada desde 2014 de pagar la
bonificación alimentaria a los ancianos sin suficientes recursos económicos
para sobrevivir. Alrededor de 3 millones de ancianos venezolanos dejaron de
recibir el bono de salud y alimentación. A los pensionados les deben varias
mesadas y a los residentes fuera de Venezuela, algunos habrían sido
literalmente borrados como pensionados del presupuesto.
En Bolivia las personas adultas mayores
sufren una serie de atropellos, fundamentalmente referidos al abuso de las
autoridades en las comunidades al permitir el despojo de sus tierras. De este
mismo bloque, en Ecuador, cuando las personas mayores de 60 años acuden a
reclamar servicios estatales, como la pensión no contributiva, se les amenaza
con llevarlos a un centro gerontológico residencial o ancianatos, donde al
parecer no son atendidos debidamente. Esta situación se agravó con la
dolarización de la economía ecuatoriana.
De la Alianza del Pacífico, en Colombia
el presidente Juan Manuel Santos aconsejado por Hacienda objetó la ley que
beneficia a los pensionados más pobres, disminuyendo del 12% al 4% la cuota por
salud. Hace 7 años se les dejó de pagar a los pensionados colombianos más
vulnerables la mesada 14, que consistía en una mensualidad adicional en junio
de cada año. En Colombia los adultos mayores llegan son cerca de 5 millones de
ciudadanos.
En Chile, el Senado aprobó un proyecto
de ley, que se preveía pasaría por unanimidad; empero 13 legisladores se
abstuvieron de votar esa iniciativa que la positivamente que tipifica como
delito el maltrato a adultos mayores. Hace dos años en este país austral, la
Superintendencia de Pensiones les recortó su jubilación en promedio en un 2 por
ciento.
En Perú las mesadas pensionales no se
reajustan hace mucho tiempo y en México desde 2002 se promulgó la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, que continúa incumpliéndose. Solo 17
de las 32 entidades federativas tiene leyes sobre no discriminación a este
colectivo, que se calcula en de 12 millones de mexicanos, de los cuales el 82%
vive en “pobreza multidimensional”.
De parte de su entorno cercano los
adultos mayores que en 2050 será una de cada cinco personas en la región son
los que reciben mayores maltratos. Algunas veces son abandonados en los
hospitales o en ancianatos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene
establecido que las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos
residentes en instituciones que en los que están en la comunidad.
Por ejemplo, en una institución
cuidadora de ancianos de Brasil se reveló un video en el que se ven dos
enfermeros maltratando ferozmente a un anciano. En Montevideo y en el interior
de Uruguay a cientos de adultos no les asignan cupos en refugio, por lo que
deambulan por las vías públicas. En años anteriores han sido clausurados
decenas de hogares, después que las autoridades han constatado la precariedad y
suciedad en que subsisten los adultos mayores. Ancianos uruguayos más pudientes
son víctimas del "abuso patrimonial", haciéndoles transferir sus
propiedades a los familiares, quienes los asilan de por vida en hogares
geriátricos privados. En Venezuela los inquilinos de los ancianatos que no han
sido clausurados viven una situación paupérrima, algunos han escapado porque
comenzaron a “ver abuelitos morir de hambre”.
Seguridad económica, salud y entornos
favorables,son las tres áreas prioritarias de la problemática de las personas
de edad avanzada instituidas en la Estrategia Regional de Implementación para
América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento.
La preocupación sigue siendo el aumento
de la población mayor de 60 años, el posible incremento en la edad de
jubilación en varios países, pero sobre todo que los jóvenes no se están
preparando para su retiro. Los organismos internacionales reiteradamente urgen
a las autoridades de todos los países a diseñar políticas que garanticen a los
jóvenes de la actualidad que tendrán una vejez decente.
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