En Argentina hace tres décadas se contempla como
delito la tenencia, tráfico y contrabando de
cannabis, imponiendo penas de prisión entre 4 y 15
años.
Los procesos judiciales por detención de personas
portadoras de un porro, en la mayoría de los casos prescribe o no se
aplica una pena efectiva, mucho menos una condena firme; convirtiéndose
en un desgaste de las fuerzas policiales y autoridades competentes (Ministerio de Seguridad, Poder Judicial
y Ministerio Público Fiscal). El arresto de consumidores ha
aumentado, siempre con decomisos que no exceden de 8
gramos del alcaloide. Supuestamente se presenta soborno a la policía para no
judicializarlos.
Duro pero es
la verdad, en Argentina hay “la posibilidad de acceder a la droga
en cualquier lado", dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina
Stanley, citada por EFE.
Para la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
(SEDRONAR) que coordina integralmente las políticas nacionales en materia de
adicciones, “que la política pública en drogas se debe basar en lo local y
trabajar en el municipio con los efectores locales, y en la provincia para que
la nación tenga una política pública”.
De acuerdo a
Sedronar del 2010 al 2017, el consumo de marihuana subió 4,4 puntos; más de 1,5
millón de argentinos consumen cannavis, mayormente los pibes.
La evolución
jurisprudencial ha salvado a consumidores de marihuana;
quienes siguen siendo catalogados como “delincuentes”. En el asunto
Arriola Sebastián, la Corte Suprema de la Nación Argentina, declaró la
inconstitucionalidad del Art. 14, párr. 2º, de la Ley Nº 23737/1989, que
sanciona con un mes hasta dos años de prisión a quienes tengan en su poder
estupefacientes para su consumo. Anteriormente, la máxima
magistratura en el fallo “Bazterrica”, declaró la inconstitucionalidad
del artículo 61 de la ley 20.771 que penalizaba la tenencia de estupefacientes
para uso personal.
Por la
ineficacia de la política antidrogas, más precisamente de marihuana,
frecuentemente se realizan manifestaciones a favor de su legalización. Para la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la
adicción es un problema de salud, en el cual los Estados deberían
centrarse en los traficantes, y no en los consumidores de drogas.
@luforero4
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